MÁS PUÑETAZOS A LA SANIDAD PÚBLICA

El nuevo gobierno de Catalunya sigue  apostando por la privatización de la sanidad, golpeando más fuerte a la ya debilitada sanidad pública. El nuevo conseller de sanitat, casualmente  expresidente de la patronal sanitaria, Boi Ruiz lo tiene claro, menos inversión en centros públicos y más para los centros privados, que por cierto, ya consumen la mitad del presupuesto sanitario. El gasto público en sanidad en Catalunya, el 6% del PIB,no olvidemos que está muy por debajo de la media de la Unión Europea, incluso de la media del conjunto de España.

No es de ahora el interés de nuestros políticos en impulsar la mercantilización y la gestión empresarial de la asistencia sanitaria. Ya se ha pronunciado la conselleria por un recorte de equipamientos y en un redireccionar servicios a la sanidad privada. Por imprescindible reproduzco parte de un artículo de Nines Maestro referido al robo de la sanidad pública.

“Con el mismo objetivo que en el Reino Unido el Congreso de los Diputados crea en 1990, con mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto BNG e IU, crea una Comisión para la reforma del sistema sanitario presidida por el banquero y empresario franquista Abril Martorell. Si bien la potente reacción popular impidió la introducción del copago que el Informe preconizaba, las medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización se fueron introduciendo una tras otra, primero por el INSALUD central y luego por las CC.AA, independientemente del color del partido en el gobierno.

La estrategia que se impuso con carácter general es desmontar el sistema poco a poco, precarizarlo y fragmentarlo para privatizar todo lo rentable e imponer en todos los servicios sanitarios públicos la gestión empresarial; es decir, objetivos de ahorro y rentabilidad económica.

De forma sistemática se ralentizó la inversión en los servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad. Poco a poco, se fue desmontando el sistema sanitario desde dentro:

 Se privatizaron servicios de limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, laboratorio, radiología, etc.  Se introdujo masivamente la precariedad entre los trabajadores de la sanidad.  De forma lenta, pero sistemática se fueron reduciendo plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación de las intervenciones quirúrgicas con la sanidad privada.

 En los últimos meses asistimos a una intensificación del rumor sordo de declaraciones a favor de introducir el copago por el uso de servicios sanitarios y el copago farmacéutico. Haciendo valer el dicho “al revés te lo digo para que me entiendas”, tras la aprobación por el Congreso de los Diputados en marzo pasado de una propuesta por la cual se rechazaba el copago en esta legislatura, se han multiplicado los informes de “expertos” y las declaraciones de personajes representantes de diferentes sectores a favor del copago.

Antes que nada es preciso aclarar el termino “copago” que, como ocurre con todo lo relacionado con la privatización de la sanidad, responde al objetivo de introducir confusión y enmascarar todo lo posible la verdadera naturaleza del hecho que define. Si se habla de “introducir el copago por parte del usuario” de servicios sanitarios y medicamentos, se deduce que hasta ahora el usuario no pagaba. La falsedad es evidente: el presupuesto de sanidad que se transfiere desde el Estado a las CC.AA. se financia con los impuestos –que salen casi en su totalidad de los bolsillos de los trabajadores [1]- y con las cotizaciones a la Seguridad Social.

Lo que se pretende introducir es que los usuarios de la sanidad pública, paguemos además un ticket moderador por acceder a la consulta de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las comidas mientras estemos ingresados, un canon por las ambulancias y, sobre todo, que se elimine la gratuidad de los medicamentos para pensionistas, haciéndoles pagar un % de su precio. La gama de propuestas no se agota ahí; se habla también de establecer una “prima única para mayores de 65 años (o antes)”, establecer una lista de prestaciones básicas gratuitas, y pagar una póliza para poder acceder a las restantes (como en EE.UU.), etc.

Los argumentos actuales hablan de la sostenibilidad del sistema, de dejar aparcada la ideología para buscar el interés general, de lo injusto de que pensionistas con rentas altas obtengan medicamentos gratis, del mal uso de los servicios sanitarios, del aumento desmesurado del gasto sanitario, de los incrementos permanentes de la factura farmacéutica,.. etc, tampoco son muy diferentes.

Lo que ocultan es que imponer el pago directo por el uso los servicios y eliminar la gratuidad de los medicamentos para pensionistas constituye la llave de oro del negocio de la privatización. Aunque la gran mayoría hable del aumento “insostenible” de la factura sanitaria y aproveche la crisis económica para enfatizar el argumento, en publicaciones restringidas se habla de que no es la búsqueda de fondos adicionales - de los que buena parte se iría en burocracia recaudatoria - el objetivo principal. Los que hablan del “imparable” aumento del gasto nada dicen de que este se haya disparado precisamente por las medidas privatizadoras y, sobre todo, en las CC.AA. en las que el proceso de privatización está más avanzado, y que la insuficiencia de recursos y la correspondiente masificación en atención primaria determine incrementos no justificados de la factura farmacéutica.

Las verdaderas razones, inconfesables, van por otros derroteros. En un sector como el sanitario en el que el una pequeña parte de la población (enfermos crónicos, personas mayores y pobres en los que es muy difícil diferencia lo social de los sanitario) consume la mayor parte de los recursos, la gallina de los huevos de oro es “disuadir económicamente” de su utilización a los sectores de población que más necesidades tienen, que más recursos consumen y a los que pagar 2 euros por consulta o el 10% de los medicamentos retrae de su utilización.” Las consecuencias de esta brutal selección de pacientes en función de su rentabilidad para el negocio privado se ocultan por parte de sus impulsores, pero no se ignoran. Estudios realizados en otros países dan cuenta de los graves perjuicios que se ocasiona a la salud, precisamente de grupos que con criterios elementales de salud pública deberían ser, por el contrario, priorizados. Algunas de ellos son: retraso en el diagnóstico de enfermedades, por el abandono de consultas preventivas; agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se abandona; incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con el consiguiente incremento del gasto sanitario; abandono del uso de medicamentos, incluidos los esenciales; degradación de las prestaciones “básicas” incluidas en la póliza pública, que se convertiría en beneficencia para pobres; deterioro de la salud de los sectores de la población con menos recursos.

El largo etcétera que hay que añadir constituye el drama diario al que se tienen que enfrentar los casi 5 millones de parados y al que habrá que añadir el escándalo del copago que afectará sobre todo a los mayores”..

Es una vergüenza la masificación de las consultas, de los servicios de urgencias, las listas de espera para intervenciones, salvo que te corra sangre real o euros a mansalva por las venas, y en general la insuficiencia de recursos invertidos en el sistema sanitario español, del que, eso sí, se están lucrando unas cuantas empresas  privadas, gracias a la complicidad desvergonzada de nuestros políticos.